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Centroamericanos en vilo por decisión de Trump sobre TPS


Redacción Agencias | 11/2/2017, 2:59 p.m.
Centroamericanos en vilo por decisión de Trump sobre TPS

El tiempo se acaba para miles de centroamericanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para convencer a la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que prorrogue este programa mientras aumenta su ansiedad al quedar escasos días para conocer la decisión final.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe entregar la decisión sobre la extensión del amparo de casi 60.000 hondureños y nicaragüenses antes del 6 de noviembre, sesenta días antes que se venzan los permisos de permanencia y de trabajo de estos inmigrantes.

"Estoy muy angustiada sobre lo que pueda pasar, si quitan el TPS voy a perder mi retiro y mi trabajo unos días después de año nuevo. ¿Cómo me voy a mantener, qué va a pasar conmigo?", se pregunta la hondureña Domicila Alemán, de 68 años, en declaraciones a Efe.

La zozobra e incertidumbre de Alemán, que podría perder los 600 dólares que recibe de retiro y su trabajo de tiempo completo como mesera, también la viven cerca de 190.000 salvadoreños a los que se les vence el TPS el 9 de marzo de 2018.

La resolución que emita el Ejecutivo sobre hondureños y nicaragüenses marcará sin duda el futuro de los salvadoreños, cuya renovación debería llegar antes del 5 de enero de 2018.

Las campañas en defensa del TPS arreciaron después que el Gobierno de Trump avisara de que el beneficio, como su propio nombre indica, es temporal y debería llegar a su fin en algún momento.

Unos 50.000 haitianos fueron los primeros de estar en la mira de la Administración Trump, que en mayo pasado otorgó una extensión de solo seis meses y argumentó que el país ya no enfrenta una catástrofe como el terremoto de 2010 que asoló el país y llevó a abrir este amparo, y podría recibir ya a los emigrados.

El próximo 23 de noviembre, el Gobierno debe emitir la decisión final sobre la cancelación del estatus para estos inmigrantes.

"Sería una decisión inmoral que va en contra del espíritu humanitario del país y además representaría una gran pérdida económica para Estados Unidos dejar a los centroamericanos y haitianos desprotegidos", dijo a Efe Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad California Los Ángeles (UCLA).

Los esfuerzos para pedir una prórroga de este beneficio que ha protegido más de 15 años a los centroamericanos se han extendido hasta el Congreso.

Los "tepesianos", como se les conoce, han logrado el apoyo de legisladores, líderes religiosos, sindicatos y organizaciones laborales, e incluso se ha pedido que se incluya a los beneficiados del TPS en el proyecto que legalizaría a los amparados por el programa que protege a los indocumentados que llegaron siendo niños al país y conocido como Acción Diferida (DACA).

"En la protección de los 'soñadores' deberíamos incluir a los protegidos por el TPS. Es una obligación también adherirlos a este proyecto de ley, eso habla de los valores de nuestro país y de quienes somos", consideró April Verrett, vicepresidenta ejecutiva de la Unión Internacional de Empleados de Servicio, Local 2015 (SEIU).

Los Gobiernos de El Salvador y Honduras también se han sumado a esta presión y sus cancilleres viajaron a Estados Unidos en los últimos días para intentar convencer a la Casa Blanca.

No obstante, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, dijo la semana pasada que no hay resultados concretos de estas conversaciones y que hay que esperar la decisión.

"Me dicen que lo único que se puede hacer es esperar, esto me está enfermando de pensar que me puedo quedar en la calle", explica Alemán, quién obtuvo el TPS después que su país fuera azotado por el huracán Mitch en 1998.

Para activistas como Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), los antecedentes de la Administración Trump sobre inmigración les hacen temer lo peor.

El último anuncio del Gobierno sobre el TPS se dio en septiembre pasado, cuando no se renovó el amparo para inmigrantes de Sudán, que concluye hoy, aunque sí se extendió el beneficio para los ciudadanos de Sudán del Sur, país que enfrenta una guerra civil.