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La falta de agua potable


El otro drama de Puerto Rico

Carmen Heredia Rodriguez / Kaiser Health News | 6/26/2018, 1:03 p.m.
La falta de agua potable
Elba Negrón Carreras utiliza botellas de plástico y leche para cargar agua. Ella y sus dos hijos deben caminar media hora hasta una estación para llevar a casa agua potable para cocinar, beber y hasta para ducharse. | Carmen Heredia Rodriguez/Kaiser Health News

Mientras los funcionarios puertorriqueños buscaban restaurar el suministro de agua, las agencias federales también intervinieron para ayudar. FEMA ha proporcionado más de 700 generadores y combustible diesel para proporcionar energía a algunas plantas de tratamiento de agua. Y ha comprado 161 unidades de almacenamiento de agua para áreas remotas de la isla, que las tropas de la Guardia Nacional llenan y mantienen.

En octubre, FEMA también otorgó $70 millones a PRASA. El gobierno federal ha emprendido acciones legales contra esta Autoridad al menos cuatro veces desde el año 2000 por incumplir la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), más recientemente en 2015, de acuerdo con comunicados de prensa del gobierno.

Un informe del año pasado de la oficina del inspector general de la EPA dijo que PRASA pospuso o suspendió en 2015 casi todos sus proyectos de construcción. Cita una carta de la Autoridad enviada en 2016 que dice que debe $140 millones a contratistas y proveedores. En total, el proveedor de servicios debía más de $5 mil millones en 2016, según el informe.

EPA intervino, también, trabajando con funcionarios federales y puertorriqueños para analizar y reparar sistemas de agua potable no afiliados con PRASA.

Hoy, 112 de las 114 plantas de tratamiento de agua potable operadas por PRASA están en funcionamiento, aunque algunas todavía dependen de generadores. Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales están funcionando, según la EPA. Las agencias federales también ayudaron en la evaluación de la calidad del agua. Los resultados de esos análisis no se han hecho públicos, según PRASA.

Un informe de 2017 publicado por el Natural Resources Defense Council, un grupo de defensa del medio ambiente, indicó que Puerto Rico tenía la peor tasa de incumplimiento de las normas del agua potable en los Estados Unidos. La mayoría de las infracciones, basadas en los datos de 2015 recopilados por la EPA, implicó no evaluar la seguridad del agua. Casi 7 de cada 10 residentes recibieron agua de una fuente que no cumplía con las normas federales de salud, según el informe.

PRASA se declaró culpable en 2006 de 15 cargos por delitos graves de descarga ilegal de contaminantes. Un caso involucró el vertido directo de aguas residuales en un arroyo.

En la resolución legal de 2015, la EPA acusó a la entidad de volver a descargar inadecuadamente contaminantes y de operar sistemas de recolección con los desbordamientos que representaron una amenaza "inminente y sustancial" para los residentes que pudieran entrar en contacto con el agua debido a la posible contaminación por aguas residuales sin procesar. La agencia acordó realizar mejoras importantes en sus sistemas para solucionar los problemas.

Aunque cada acuerdo o resolución legal implicaba un compromiso de parte de PRASA para mejorar su infraestructura, la debacle financiera de la isla obligó a posponer estos planes.

"Como parte del trabajo de recuperación, la EPA continuará evaluando las necesidades de agua potable de la comunidad y trabajará con los socios federales para identificar las fuentes de financiación u otra ayuda que pueda brindarse a estas comunidades", dijo un portavoz de la agencia federal.